La suerte no acompaña a los taurinos. Al menos en el ruedo político. Dos meses y ocho días después de que el Parlamento catalán prohibiese las corridas a partir de 2010, el Senado dio ayer la segunda estocada política al espéctaculo de la lidia. Y lo hizo al rechazar una propuesta del PP para pedir al Gobierno de Zapatero que declare la tauromaquia Bien de Interés Cultural y que inicie las gestiones ante la Unesco para incluirla en el listado mundial de Patrimonio Cultural Inmaterial.
La iniciativa contó con 129 votos en contra, frente a los 117 apoyos de los populares y de la representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El argumento del PSOE para explicar su negativa a echar un capote a la Fiesta es que realizar esa declaración no compete al Estado, sino a las comunidades autónomas.
Hasta llegar a la votación, los portavoces de los dos principales partidos se enzarzaron en una discusión que fue seguida desde la tribuna del público por más de sesenta representantes del mundo taurino. Entre otros, acudieron el presidente de la Mesa del Toro, Carlos Núñez, los diestros Joselillo y David Mora y el ganadero Victorino Martín. Al término de la sesión todos ellos posaron con los dirigentes del PP y senadores María Dolores de Cospedal y Pío García Escudero.
Fue precisamente este último el encargado de defender la propuesta popular. Para ello se remontó a la vinculación milenaria de la península ibérica con el toro. «Su percepción como símbolo de fortaleza, valor y fecundidad le hace protagonista desde tiempo inmemorial de juegos, lances, encierros y ritos. Costumbres populares, tradición, que han llegado hasta nuestros días y que siguen celebrándose en miles de pueblos de España como parte consustancial de sus fiestas patronales», argumentó García Escudero.
Y del totem prehistórico al arte más internacional. Así, el senador popular recordó a músicos, literatos y pintores a quienes la tauromaquia ha servido de inspiración para sus obras. En concreto, se refirió a poetas de la talla de Miguel Hernández o de Federico García Lorca -al que llegó a recitar- además de a Picasso, de quien dijo que «la última mitad de su vida quiso ser toro» por ser «el más bello de los animales».
En esta línea, García Escudero defendió la necesidad de proteger la Fiesta como «una expresión artística» porque del mismo modo que el escultor «modela el barro rectificando cuantas veces quiera, el torero tiene que improvisar, necesita la inspiración inmediata. El toreo es rito, valor histórico y cultural, tradición popular, un sentimiento y una emoción», resaltó. Antes de concluir, el dirigente del PP criticó la «incoherencia» del Parlamento catalán por prohibir las corridas pero no los festejos populares. «Si yo fuera toro, preferiría morir en una plaza después de veinte minutos de lucha y no tras sufrir una larga agonía como en los 'correbous' o las capeas, para después morir en la oscuridad de un matadero», dijo.
La ironía de Lertxundi
Por parte del PSOE, Roberto Lertxundi arrancó su intervención con ironía al considerar «emocionante que el PP citara a comunistas como Hernández o García Lorca y se apropie incluso de sus palabras para defender su moción». A renglón seguido, lamentó que el partido firmante de la iniciativa no argumentase «para nada su propuesta», cuya única finalidad es arañar «un puñado de votos en Cataluña porque hay elecciones en noviembre». El senador vasco, que se declaró aficionado al arte de Cúchares, recordó que la Ley de Patrimonio establece que el Estado no es competente para declarar una fiesta como la de los toros Bien de Interés Cultural, ya que es competencia de las comunidades autónomas. Por ello, pidió «no enaltecer lo que no es necesario». «El toreo se acabó en los noventa en Canarias y no pasa nada. Hay ciudades que son antitaurinas y no pasa nada. No debemos adoptar medidas populistas que solo crean confusión, como esta moción lesiva para las comunidades y despectiva con el Senado», espetó.
Antes de volver a su escaño, Lertxundi pidió a los populares que retirasen la iniciativa, al considerar que someterla a votación suponía causar «más daño a la Fiesta. Éste es un tema muy controvertido que desata pasiones, pero aquí estamos para tener la cabeza fría, no para calentarnos y llegar a conclusiones que no sean adecuadas», comentó. Y es que el rechazo del PSOE a la propuesta del PP «no es un 'no' a la Fiesta, sino estrictamente un 'no' al procedimiento escogido», enfatizó.
Iñaki Anasagasti, en representación del PNV, compartió la argumentación socialista en el sentido de considerar que la propuesta del PP suponía invadir competencias autonómicas. Por ello, se mostró partidario de dar a Lertxundi «las dos orejas y el rabo» por sus planteamientos y consideró que la Fiesta no precisa protección, «al estar tan arraigada en la sociedad española como dice el PP».
Por parte de CiU, Josep Maldonado afirmó que «las corridas están en franca decadencia. Y esto -afirmó- supone un amplio rechazo popular a esta actividad». El senador corvengente aseguró que su partido «no niega el carácter tradicional y cultural, pero ambas circunstancias no justifican la crueldad. Carece de ética y de apoyo social» llegó a decir, para después subrayar que «la decisión del Parlamento de Cataluña de abolir las corridas de toros fue aplaudida internacionalmente».
El portavoz de Entesa (la coalición de grupos de izquierda catalana para el Senado), opinó que los toros «ya no son cultura». En su intervención fue implacable. «Más allá de la liturgia de un combate simulado, en las corridas se asiste a la tortura de un animal tan sensible al dolor como cualquier otro mamífero».
Al Tribunal Constitucional
El rechazo del Senado a la propuesta del PP fue acogida con agrado por Ecologistas en Acción. A juicio de esta organización, la intención del partido de Rajoy de declarar Bien de Interés Cultural las corridas de toros implica querer «imponer la tortura de los animales, la violencia y los espectáculos sangrientos frente a la cultura y la convivencia con todos los seres vivos». Los ecologistas opinan que los populares -ayer anunciaron que estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Parlamento catalán- buscan «boicotear la decisión de la mayoría de los ciudadanos catalanes».
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